COMUNICADO
Martes 23 de mayo, 2023
 

Sala IV reconoce que lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra periodistas daña la libertad de prensa

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica aplaude la sentencia N°2023-012085 emitida por la Sala Constitucional en la cual se señala que la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa.

La Sala Constitucional determinó que ciertas expresiones usadas por parte de funcionarios públicos podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos, esto tras declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el periodista Jason Ureña.

“En una democracia se puede disentir, pero no se vale que se ofenda ni se utilicen calificativos peyorativos en contra de miembros de la prensa para descalificar su trabajo”, sentenció Yanancy Noguera, presidenta del Colper.

En ese sentido, el Colper ha insistido en que el Presidente de la República debe dejar de utilizar el mecanismo de la intolerancia y la confrontación, y que se debe suspender el uso de calificativos negativos y peligrosos que generan un clima hostil hacia la prensa.

La función del periodismo es relatar hechos de interés público y pedir cuentas a quienes desde el poder del Estado lideran el país; la labor de quienes ocupan puestos públicos es resguardar los derechos humanos, y entre ellos el derecho a la libertad de prensa. La suma de estas labores ayuda a sostener y mejorar nuestro régimen democrático.

Desde el Colper seremos siempre defensores de la libertad de prensa y del trabajo que realizan los profesionales en comunicación, por lo que siempre vamos a exigir respeto de los funcionarios públicos.

Un clima hostil hacia la prensa genera mayor vulnerabilidad y riesgo para los periodistas. Esto produce autocensura, autolimitación o autocontención por parte de la prensa.

Ya lo había señalado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ríos y otros vs. Venezuela: “los altos funcionarios, aunque tienen el derecho a la libertad de expresión, también tienen la obligación ineludible de respetar y de garantizar ese derecho a todas las personas. Por eso, al expresarse se encuentran ‘sometidos a ciertas limitaciones’, pues no pueden desligarse de su condición de agentes estatales y garantes de los derechos de los demás”.

Junta Directiva 2023