Comunicado Junta Directiva

2 de marzo del 2026 

Colper rechaza las demandas contra personas que critican a quienes ejercen la función  pública

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) rechaza las demandas penales con acción civil resarcitoria contra quienes critican las decisiones de personas que ejercen la función pública, pues ese hecho constituye un riesgo para el pleno derecho de la libertad de expresión.

En la región latinoamericana se observa un aumento sostenido de acciones judiciales promovidas contra periodistas y profesionales de la comunicación que carecen de un fundamento sólido. Si bien el acceso a la justicia es un derecho legítimo, en estos casos los procesos no buscan la protección real de un derecho vulnerado, sino generar presión y desalentar la labor informativa, especialmente cuando esta involucra asuntos de interés público o a personas con posiciones de poder.

Este fenómeno es conocido como Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Se trata de litigios que, aunque formalmente válidos, se sustentan en reclamos desproporcionados, frívolos o jurídicamente débiles, cuyo efecto práctico es provocar desgaste económico, profesional y personal. Su consecuencia más grave es el efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y el derecho a informar, pilares esenciales de toda sociedad democrática.

Es por esa razón que el Colper insiste en la tolerancia frente a la crítica de las personas que ejercen la función pública, como han resuelto en diversas ocasiones la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es fundamental que los procesos judiciales no frenen la participación o la fiscalización ciudadana. De ahí que la Ley para la libertad del ejercicio periodístico que eliminó las penas de prisión contra periodistas por injuria y calumnia reafirma el principio de que no se debe frenar el periodismo crítico. Dicha legislación fue aprobada recientemente en el Congreso con el apoyo del Colper.

Debemos citar dos demandas con características SLAPP en este momento en Costa Rica. La primera se refiere al proceso padecido desde 2017 por el periodista y expresidente del Colper, Marlon Mora Jiménez, quien será sometido a un nuevo juicio luego de una revocatoria de una anterior sentencia en su contra. Se trata del tercer juicio que tendrá el comunicador con una pena estimada en más de ₡70 millones.

La segunda es contra Juan García Martínez quien tiene un programa de radio en Limón y fue demandado por la alcaldesa del cantón Ana Matarrita McCalla por críticas respecto a decisiones de la funcionaria, con el agravante de que la acción civil es prohibitiva, y, por tratarse de un medio regional, puede tener un efecto inhibitorio en más ciudadanos de la zona.

El escrutinio periodístico y ciudadano es esencial para la rendición de cuentas en democracia. Las personas en la función pública deben evitar acosar o sancionar a la prensa. Les asiste el derecho a réplica –el Colper cuenta con una guía de cómo ejercerlo– y, sobre todo, deben enfocarse en fortalecer el sano y responsable debate público, que, a su vez, puede robustecer su propio servicio estatal.